Carta enviada por Mª Luz López Díaz al director de La Voz de Galicia

Quisiera hacer llegar mi queja y malestar por la desacertada terminología lingüística empleada en el reportaje aparecido en su periódico el 28 de febrero, titulada La élite invisible de los colegios gallegos.

En un medio de comunicación, las formas sí importan, porque encierran unos valores determinados y en éste caso, transmiten etiquetas de incompetencias falsamente demostradas.

Como madre de niño con diversidad funcional, como maestra especialista en Pedagogía Terapéutica, y como ciudadana consciente de la sociedad a la que quiero contribuir, quisiera hacer algunas aclaraciones:

INCLUSIÓN EN EL PACTO EDUCATIVO DE ESTADO

Ahora se está negociando un Pacto por la Educación, un instrumento para el impulso de las necesarias y urgentes mejoras que requiere el Sistema Educativo en España.

Padres de niños con diversidad funcional han iniciado acciones porque están muy preocupados. No ven en las propuestas ninguna referencia explícita ni a la problemática ni a las necesidades educativas especiales de los niños con diversidad funcional.

Quieren hacer valer su voz porque dicho Pacto les "ha olvidado", y exponen sus propuestas para resolver las necesidades educativas especiales que tienen los alumnos con diversidad funcional. Profesan los principios de Inclusión Educativa de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad.

Señoría:

Soy una persona discriminada por su diversidad funcional, por cuanto preciso importantes apoyos personales para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y no cuento con ellas.

Dicho lo anterior el motivo de este correo es transmitirle mi estupefacción por un hecho que me ocurrió ayer y que no acierto a comprender la fundamentación del mismo.

Quiero contarles mi experiencia con esta ley tan explotada por los políticos en sus campañas, porque al final de un sinfín de trámites, nada de nada.

La historia la protagoniza “unha velliña de 97 anos” como lo expresaría el señor Quintana, para la cual se solicitó la citada prestación el 4 de octubre de 2007 con el nº de expediente: PO/7833. Casi un año después, el 17 de septiembre de 2008, se le reconoce una “situación de dependencia en grado III y nivel 2, con carácter permanente”, que se traduce como el grado máximo de dependencia. Y junto con esto, nos comunican que posteriormente enviarán el PIA (Plan Individual de Atención), que serían los servicios y prestaciones que le corresponderían. Pues bien, seguiríamos esperando si no fuese porque nuestra anciana falleció hace unos días con 99 años. La situación, a día de hoy, es que están atendiendo los expedientes de junio de 2007 y que la partida presupuestaria está agotada. Nos preguntamos cuántas campañas llenas de promesas tendría que superar nuestra anciana para que fuesen atendidas sus necesidades. Y por si no lo saben, como no hemos recibido el PIA antes del fallecimiento no tenemos derecho a recibir absolutamente nada.

Señores candidatos a la Presidencia de la Xunta de Galicia:

Me dirijo a ustedes como miembro del Foro de Vida Independiente participante en el diseño, la gestación y el desarrollo de tres de los proyectos de Asistencia Personal para personas con diversidad funcional (discapacidad) en situación de dependencia que se realizan en España. Consideramos que debemos compartir cierta experiencia reunida al tomar parte en dichos proyectos y tras el aprendizaje de modelos de asistencia personal dilatadamente probados en otros países.

Gregorio Rodríguez Cabrero

La ley de la dependencia, que empezó a aplicarse en otoño de 2007, constituye un cambio radical en el modelo de protección social. Pero todavía debe superar numerosos problemas institucionales, financieros y de gestión

La ley de la dependencia, aprobada a finales de 2006, representa un nuevo umbral histórico en el desarrollo de los derechos sociales y en la consolidación del Estado de bienestar en España.

El objetivo del sistema es proteger frente a riesgos que se consideraban privados hasta hace poco

Creo que ya se puede hacer un manual sobre este tema ilustrándolo con ejemplos significativos que ayudarán a la Administración y para-Administración (entiéndase ONG’s del sector) a incumplir directamente lo que desde el 3 de mayo de 2008 es ley en en España: la Convención referida, que viene a refrendar lo que muchos hombres y mujeres con diversidad funcional hemos estado defendiendo desde hace años: el cumplimiento de los derechos humanos.

A título de muestra del contenido de este manual, he aquí algún ejemplo:

Pablo, criatura, tiene tan solo cinco años, pero ha acumulado tanto esfuerzo por salir adelante como si tuviera setecientos. Recién nacido, un virus le provocó una parálisis cerebral que iba a dejarlo atado a una silla de ruedas para siempre. Pero Pablo, valiente, va a la escuela, aunque carece allí de una silla adaptada a sus necesidades. ¿Por qué razón? Nos lo contaba en La Voz anteayer Elisa Álvarez en uno de esos reportajes que dignifican la labor del periodista: porque la compra de la silla, que cuesta en torno a 2.000 euros, fue considerada improcedente por la Xunta, a la que, el curso pasado, se solicitó la prestación.

Desde mayo del 2008 está en vigor la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya aprobación por el Parlamento fue publicada en el BOE el 21 de abril del 2008. Se trata de un hecho de gran trascendencia para nuestra sociedad y un hito para las personas con diversidad funcional, puesto que supondrá un cambio trascendental de visión sobre esta realidad humana que toca del 10 al 15 por ciento de la población mundial, al definir a la persona diversa como titular irrenunciable de derechos. A pesar de existir numerosos instrumentos y actividades desarrolladas hasta ahora, muchas personas carecen de las oportunidades de la población general. Obstáculos materiales y sociales les impiden recibir educación; conseguir empleo, incluso estando bien formados; tener acceso a la información y comunicarse; obtener atención sanitaria adecuada; desplazarse o moverse; «pertenecer» y ser aceptados, siempre reducidos a un ciclo de invisibilidad.

Este atrevemento xustifícase pola gravidade da materia. Lin en La Voz de Galicia unha noticia na que unha persoa dependente, Marita, di a noticia que se chama, afirma que non recibe unha prestación de asistencia persoal porque Fundación Galega para ou Impulso dá Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia non recoñece un informe social emitido por unha traballadora social municipal e esixe un dunha asociación privada, que deduzo ten concertada a prestación do servizo.

Resulta razoable pensar que a administración contrate a xestión de servizos, pero non resulta axustado a dereito o que unha administración non acepte un informe doutro e esixa que o faga unha entidade privada. O feito de que para a elaboración dun informe social se teña que acceder a datos de carácter persoal, que a lei establece que para o acceso aos mesmos se precise autorización expresa do interesado, fai que sexa imposible que a administración delegue no sector privado unha competencia que debe ser exercida por funcionario público. Cuestión distinta sería que unha entidade privada estableza e financie un servizo, esixindo como condición un informe social emitido por persoal propio, pero con cargo a fondos públicos resulta imposible.